En un comunicado con fecha 12 de diciembre, el Episcopado recordó que el matrimonio es la bases de la familia y por tanto “un valor importantísimo que debe ser defendido de toda amenaza que ponga en peligro su solidez, su naturaleza particular, propiedades esenciales y finalidades innegables”.
“Ello –indicaron los obispos-, nos ha llevado a oponernos, reiteradamente, a los distintos proyectos que, abierta o soslayadamente, pretendan equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual pues, la legalización de estas, deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal”.
Reiteraron el respeto que la Iglesia tiene por todo ser humano y rechazaron “toda real discriminación” hacia las personas con tendencia homosexual. “No obstante, la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona, independientemente, de su orientación sexual, y el rechazo de las prácticas homosexuales, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser Humano”, aclararon.
Por ello, rechazaron que las organizaciones homosexuales, bisexuales y transexuales (LGTBI), sigan “promoviendo, con el apoyo de algunos medios de comunicación, y de algunos miembros de partidos políticos, diversas iniciativas en aras del reconocimiento legal de las uniones homosexuales, tales como una reforma al Código de Familia, para modificar la unión de hecho ó los proyectos de ley de Sociedades de Convivencia”.
Los obispos aclararon que no es necesario legalizar estas uniones para evitar que los convivientes “pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos”.
“En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social”, expresaron.
Por ello, reiteraron su llamado al Gobierno, Poder Legislativo y Judicial, para que revisen la constitucionalidad de estos proyectos. “En particular a quienes afianzan su fe en Cristo, quisiéramos instarlos a consagrarse con sinceridad, rectitud, con caridad y fortaleza a la misión a ustedes confiada por el Pueblo, a saber, legislar sobre la base de los principios éticos y en beneficio del bien común”, culminaron.
Declaración Oficial
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